La corrupción puede abordarse desde dos perspectivas, en modo alguno antagónicas; Creo que están en algún tipo de relación género-especie. En efecto, por un lado, la corrupción puede entenderse como actos o manifestaciones específicas del uso específico del servicio público especificado en la ley administrativa o penal, pero por otro lado, es necesario entender la corrupción en un sentido más amplio. Es decir, como una atmósfera de psiquismo, sentimiento y práctica histórica colectiva que llamamos “el fenómeno de la corrupción”.

Esta dimensión es el factor más importante a tener en cuenta, por los efectos negativos que tiene en la vida general del país, y porque mantiene o de alguna manera explica la manifestación específica de la corrupción. En esta sección, nos detendremos en el último ángulo de la corrupción, luego, en los siguientes puntos, profundizaremos en los mecanismos extralegales y de derecho penal para prevenir manifestaciones específicas de la corrupción.

ABSTRACT

Corruption can be approached from two perspectives, in no way antagonistic; I believe they are in some kind of gender-species relationship. Indeed, on the one hand, corruption can be understood as specific acts or manifestations of the specific use of public service specified in administrative or criminal law, but on the other hand, it is necessary to understand corruption in a broader sense. On the other hand, it is necessary to understand corruption in a broader sense, i.e., as an atmosphere of collective psyche, feeling and historical practice that we call "the phenomenon of corruption".

This dimension is the most important factor to take into account, because of the negative effects it has on the general life of the country, and because it maintains or somehow explains the specific manifestation of corruption. In this section, we will dwell on the latter angle of corruption, then, in the following points, we will delve into the extra-legal and criminal law mechanisms to prevent specific manifestations of corruption.

INTRODUCCIÓN

La corrupción siempre estuvo presente e inclusive desde hace muchos años dentro de la república, es como una herencia social, además se ha convertido en un problema social ,muy grave por las consecuencias que trae consigo, de las cuales la política criminal se encarga de crear respuestas que un Estado estima necesario adoptar para poder hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción.

Asimismo, en el presente trabajo se abordarán temas acerca de cómo constituir algunas alianzas política-social que rechazan el funcionamiento de la corrupción, de igual modo sobre algunas indicaciones o plan anticorrupción ya que son relevantes para la comprensión de este trabajo, además se abordará temas como la reorganización estatal, también sobre un control de financiamiento de los funcionarios públicos del país.

Es por ello que el presente trabajo monográfico tiene como objetivo general abordar temas completamente necesarios e importantes para la comprensión acerca la corrupción en el marco social, pero sobre todo en el tema de la administración pública actual de nuestro país.

CAP I

I. DEFINICIONES

I.1 POLÍTICA CRIMINAL

Es el conjunto de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción.

Dicho conjunto de respuestas puede ser de la más variada índole, puede ser:

● Social: como cuando se promueve que los vecinos de un mismo barrio se hagan responsables de alertar a las autoridades acerca de la presencia de sucesos extraños que puedan estar asociados a la comisión de un delito.

● Jurídica: como cuando se reforman las normas penales.

● Económica: como cuando se crean incentivos para estimular un determinado comportamiento o desincentivos para incrementar los costos a quienes realicen conductas reprochables.

● Cultural: como cuando se adoptan campañas publicitarias por los medios masivos de comunicación para generar conciencia sobre las bondades o consecuencias nocivas de un determinado comportamiento que causa un grave perjuicio social.

● Administrativa: como cuando se aumentan las medidas de seguridad carcelaria. Inclusive pueden ser tecnológicas, como cuando se decide emplear de manera sistemática un nuevo descubrimiento científico para obtener la prueba de un hecho constitutivo de una conducta típica. (Cita Triana, 2015)

I.2 CORRUPCIÓN

La corrupción es considerada como el abuso del poder encargado para satisfacer intereses particulares y puede ser clasificada en grande, mediana y pequeña, dependiendo de los montos de dinero perdido y del sector donde se produce.

Al respecto, instrumentos internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción o la Convención Interamericana contra la Corrupción, contemplan la importancia y urgencia de establecer mecanismos al interior de los Estados para prevenir, investigar y sancionar delitos de corrupción, debido al gran impacto económico y social que genera. (Chanjan Documet, Solis Curi, & Puchuri Torres, 2018)

I.3 FUNCIONARIO

Funcionario público, Oficial Gubernamental o Servidor público, cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos. (Torres Pachas, 2015)

CAP II

CONSTITUIR UNA ALIANZA POLÍTICO-SOCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN

Las iniciativas puramente estatales, además de confundirse con iniciativas gubernamentales que desaparecen o se debilitan con los cambios de gobierno, resultan insuficientes para combatir la corrupción. A su vez, las iniciativas de la sociedad civil, por más exitosas que fueran, además de insuficientes, pueden resultar marginales al carecer del respaldo o reconocimiento oficial. La experiencia latinoamericana enseña que la concertación entre el Estado y la sociedad civil en la lucha contra la corrupción es sustantivamente más eficaz que las iniciativas estatales o particulares por separado.

Las principales instituciones comprendidas en la alianza político-social serían el Presidente de la República y el Poder Ejecutivo, el Congreso, los partidos políticos, los medios de comunicación, los empresarios, las iglesias, las universidades, los colegios profesionales, las organizaciones de trabajadores.

Las organizaciones sociales y movimientos sociales de base y las organizaciones no gubernamentales. Esa alianza tendría una diversidad de espacios de articulación y relación: mesas de concertación, iniciativas locales, regionales o nacionales, campañas nacionales, etc.

CAP III

PLAN ANTICORRUPCIÓN

La corrupción le cuesta al Estado más de doce mil millones de soles al año, de acuerdo al informe “Radiografía de la corrupción en el Perú” de la Defensoría del Pueblo.

Se propone, por tanto, que los gobiernos regionales y locales se comprometan a elaborar e implementar un Plan Anticorrupción en coordinación con la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción – CAN y, de manera preferente, tomando en consideración las recomendaciones hechas por dicha entidad. Los planes anticorrupción deberán ser producto de la participación de las principales instituciones del sector público, sector empresarial y de la sociedad civil, involucradas en la lucha contra la corrupción.

1. Fortalecer y mejorar la transparencia y acceso a la información pública.

Las autoridades públicas tienen la responsabilidad de derribar el gobierno del secretismo y contribuir en la construcción de un Estado en donde prime la transparencia y la rendición de cuentas. Toda la información del Estado se presume pública, salvo excepciones, y como tal, debe encontrarse al alcance del ciudadano y de las entidades supervisoras para su efectivo control.

Por tanto, se propone que los gobiernos regionales y locales se comprometan a fortalecer y mejorar la transparencia y acceso a la información pública a través de la actualización del Portal de Transparencia Estándar e implementación de mecanismos innovadores para publicitar cualquier otra información adicional relevante que fortalezca la transparencia y la reducción de riesgos de corrupción. Asimismo, ello se debería complementar con el envío regular y oportuno de la información sobre contrataciones y obras públicas a los portales SEACE e INFOBRAS, respectivamente.

2. Implementar audiencias públicas sectoriales de rendición de cuentas, que respondan efectiva y oportunamente a las demandas de la población.

Conforme al ordenamiento legal vigente, los gobiernos regionales y locales están obligados a realizar audiencias públicas; sin embargo, estos espacios no consiguen los resultados esperados, dada la poca continuidad y el escaso tiempo atribuido a cada tema sectorial abordado.

Por tanto, se propone que los gobiernos regionales y locales regulen e implementen audiencias públicas sectoriales de rendición de cuentas, que respondan efectiva y oportunamente a las necesidades de la población. Ello, en el marco del fomento de la participación, empoderamiento y vigilancia ciudadana. Este mecanismo representa una oportunidad para recuperar la confianza de la población en sus autoridades y reducir los riesgos de corrupción, a través de un involucramiento real de la ciudadanía en los asuntos públicos.

3. Priorizar la incorporación de altos directivos a través de concursos públicos o del cuerpo de gerentes públicos del Perú, y transparentar todo proceso de contratación en el portal web de la entidad.

Una ventana de oportunidad importante a los actos de corrupción es, en gran medida, la contratación de personal no calificado, ya sea por clientelismo, vínculos personales o deficiencias en los procesos de contratación. Según el informe de Servir de 2016 más del 70% de los puestos jefaturales es designado por confianza.

Así, para minimizar el riesgo de corrupción en la administración pública, se propone que los gobiernos regionales y locales prioricen la incorporación de los altos directivos a través de concurso público o del cuerpo de gerentes públicos del Perú – Servir, en el marco de un procedimiento regular y transparentado, y en base a la meritocracia. Ello ampliaría el margen de independencia en la toma de decisiones y una evaluación en función a resultados.

4. No contratar a funcionarios públicos corruptos, conforme al decreto legislativo 1243.

Con el Decreto Legislativo N° 1243 de 2013 se aumentó el tiempo de inhabilitación para el ejercicio de la función pública por ciertos delitos e incorporó la inhabilitación perpetua, en caso de crimen organizado o cuando se afecten programas asistenciales. Se implementó así, en cierta medida, “la muerte civil” para malos funcionarios públicos.

Se propone, por tanto, que los gobiernos regionales y locales garanticen la aplicación del Decreto Legislativo 1243. Para ello, deberán consultar en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles si los potenciales candidatos a ocupar cargos en la administración pública, sea personal de confianza o no, se encuentran inhabilitados. Deben asegurarse, así, que ningún funcionario inhabilitado sea elegido para ejercer la función pública.

5. Impulsar el cumplimiento del código de ética de la función pública, destinando recursos y asegurando competencias para su eficiente implementación.

El Código de Ética consiste en un conjunto de normas que regulan el comportamiento de los funcionarios y está regulada por la Ley N° 27815, Ley del Código de la Ética de la Función Pública.

Se propone, así, que los gobiernos regionales y locales cumplan, a cabalidad, la Ley 27815, destinando recursos y asegurando competencias para que pueda implementarse de manera eficiente. Para ello, las autoridades regionales y locales deberán destinar recursos, de ser necesario, y designar al secretario técnico de la entidad. Se recomienda que la persona designada como secretario técnico debe haber accedido a la entidad por concurso público, asegurando así, mayor imparcialidad y control del proceso.

6. Publicar y mantener actualizadas las declaraciones juradas de intereses de las autoridades y altos funcionarios de los portales web.

Los conflictos de interés constituyen un indudable caldo de cultivo para la corrupción. Por ello, se propone la publicación de las Declaraciones Juradas de Intereses de las autoridades y altos funcionarios de los gobiernos regionales y provinciales en sus portales web, que contengan información relativa a sus vínculos societarios, comerciales, gremiales, empresariales, profesionales y laborales anteriores al ejercicio del cargo.

Dado que la presentación de las Declaraciones Juradas de Intereses no se encuentra regulada por el marco normativo nacional, deberá implementarse a través la emisión de una ordenanza regional o municipal, dentro de la jurisdicción correspondiente.

CAP IV

LA POLÍTICA CRIMINAL CONTRA LA CORRUPCIÓN

La corrupción es uno de los principales problemas públicos que aquejan a nuestra sociedad y que genera no solo un perjuicio para el Estado, sino también para los ciudadanos en su conjunto. Dado que la corrupción implica la obtención de un beneficio privado utilizando los recursos públicos, muchas necesidades y servicios básicos de la población se ven satisfechos de forma deficiente. Lo que determina, directa o indirectamente, violaciones a los derechos humanos que afectan, especialmente, a grupos vulnerables.

Según el índice de percepción de la corrupción en el sector público de Transparencia Internacional, de un total de 175 países, el Perú ocupa el puesto 85 con un puntaje de 3.8. Esto obtuvo menos de la mitad del puntaje necesario para “aprobar” como país transparente, lo que refleja, entre otros aspectos disfuncionales, a un Estado que no implementa respuestas acordes con las necesidades de su población.

Por su parte, según la Encuesta Nacional Urbano Rural, el 42% de la población identifica a la corrupción como causa de la inseguridad en nuestro país. Frente a tal problemática, en el último quinquenio se han diseñado, y se vienen implementando, una serie de iniciativas y acciones destinadas a prevenir, combatir y sancionar actos de corrupción a nivel nacional.

Dentro de los principales instrumentos normativos encontramos, por ejemplo, el Plan Nacional Anticorrupción que dispone como objetivo general “un Estado transparente que promueve la probidad en el actuar público y privado; y garantiza la prevención, investigación, control y sanción efectiva de la corrupción en todos los niveles”.

Asimismo, a nivel regional se han implementado una serie de ordenanzas que implementan mecanismos de transparencia y acceso a la información o que disponen medidas para sectores específicos como salud o educación. Ahora bien, desde un punto de vista político-criminal, las decisiones utilizadas se han enfocado en el aspecto normativo, “concentradas en el cumplimiento de la ley, el desarrollo de ordenanzas, la creación de grupos de trabajo y la reorganización de procedimientos” o, como ya hemos mencionado, han dado pautas generales sobre la prevención de actos de corrupción en espacios específicos.

No obstante, muchas de las medidas aplicadas carecen de mecanismos de seguimiento y evaluación de su impacto sobre los objetivos para los que fueron diseñados, esto es, reducir la incidencia de la corrupción en la sociedad peruana. Por ejemplo, tan solo en el periodo 2011-2015 se han producido 27 modificaciones normativas al Capítulo II del Título XVIII del Código Penal de 1991, que tipifica los delitos contra la Administración Pública cometidos por funcionarios públicos.

Además, en el proyecto de Nuevo Código Penal 2014-2015, las modificaciones a los delitos de corrupción, más allá de introducir un incremento selectivo de las penas, se reducen a aplicar consecuencias accesorias a personas jurídicas en tan solo uno de los delitos, que dicho sea de paso, es de escasa aplicación. Más allá de las discusiones dogmáticas y procesales respecto de la normativa mencionada, consideramos pertinente hacer hincapié en la deficiente conexión entre lo regulado y lo real. En otras palabras, es posible apreciar el desfase entre la etiología del problema público que la corrupción representa y el arsenal normativo aprobado para su prevención, control y sanción.

CAP V

Construir voluntad política

El concepto de voluntad política aparece como un elemento central para asegurar su efectividad, especialmente en las reformas anticorrupción. En diversos análisis se destaca la importancia de que los políticos muestren voluntad política para implementar acciones para combatir la corrupción, sobre todo cuando deben hacerlo en contextos de corrupción sistémica. En este sentido, países como Singapur son modelos a seguir, puesto que demuestran justamente cómo un liderazgo sólido que esté dispuesto a impulsar el cambio en todo el sistema es clave para implementar políticas anticorrupción de manera exitosa.

La voluntad política hay que construirla y este proceso es el reflejo de complejas circunstancias que reúnen las aspiraciones de los líderes individuales altamente visible, como adoptar un plan o estrategia integral contra la corrupción, o cuando firman una convención de esta naturaleza, pero la voluntad política real se mide a largo plazo en término de los recursos que se ponen a disposición de los que tienen el mandato para llevar a cabo las reformas políticas, o en la decisión del gobierno de enjuiciar a figuras políticas de alto nivel que puedan estar involucradas. Para cumplir sus promesas, la voluntad política debe renovarse todos los días y mantenerse en el tiempo.

La voluntad política es un elemento que puede ser crucial para identificar si un político realmente está comprometido con las reformas anticorrupción. En este escrito, se describió uno de los primeros marcos analíticos para distinguir el nivel de voluntad política. La problemática de la corrupción ha sido un tema no atendido por falta de voluntad política.

CAP VI

CONTROL PERMANENTE EN LAS NEGOCIACIONES Y TRANSACCIONES POR LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Pero la transparencia en la actuación administrativa no sólo debe estar expuesta por los mecanismos contables o denuncias internas dentro de la administración pública. Esta transparencia sobre todo debe ser permanentemente fiscalizada por la sociedad civil organizada, y en especial por la prensa de investigación. La lógica de la democracia y del Estado de derecho debe materializarse en estos mecanismos de control que se practican desde un ejercicio libre de la prensa. ¡Cuántas transacciones corruptas permanecieron en la oscuridad debido a una prensa que en su mayoría renunció a su trabajo de crítica a la gestión pública del régimen! Cuestión escandalosa resultó ser la forma en que los medios de comunicación más importantes sujetaron su capacidad de fiscalización a los lineamientos del régimen fujimorista.

5.1. Evitar la concentración de funciones y de poderes discrecionales en los funcionarios públicos

La necesidad de un mayor grado de transparencia y control sólo es posible con la determinación de reglas claras tendientes a evitar la concentración de amplias funciones en determinadas unidades de la administración pública y, a su vez, con la delimitación de las facultades discrecionales de los funcionarios. Así, por ejemplo, es posible hacer “que trabajen en equipos con supervisión inmediata, de tal modo que ningún funcionario tenga oportunidad de tomar grandes decisiones por su cuenta”. Ejemplo de ello son los enormes recursos que se manejaban desde el Ministerio de la Presidencia y desde el Ministerio de la Mujer, precisamente los ministerios con mayor cuestionamiento de corrupción durante las campañas electorales.

5.1.1. Reforma del servicio civil

En el ámbito del servicio civil se han sugerido una serie de reformas y modificaciones. En primer término se asume la necesidad de contar con los agentes técnicamente más capaces, pero a la vez honestos y confiables. Esto último aunque conlleve un cierto grado de destinación de cierta capacidad técnica.

El profesor Kirtgaard nos informa ya de la existencia en el medio de pruebas psicológicas para investigar la honestidad, que han dado buenos resultados en predecir la “integridad de la persona en el puesto”. Por otro lado, se sugiere en este campo la rotación de personal, a fin de evitar la formación de connivencias y arreglos entre “colegas” en un distorsionado espíritu de cuerpo. Y, finalmente, el establecimiento de códigos de ética para la función pública.

Se entiende que el fundamento de esta necesidad reside en la propia idea moral del Estado como una entidad supraindividual que busca el bien común. Lógicamente, un código de ética para la función pública no es la solución final para la corrupción, sin embargo permite, a través de disposiciones de principio, evitar los espacios confusos y contradictorios que podrían generar las múltiples normas que regulan las funciones del Estado.

Teniendo una mayor claridad y unidad sobre lo correcto e incorrecto en la actuación pública se favorece la universalización de las normas de conducta de los funcionarios públicos y se evita la dispersión normativa. Esta es la apuesta que desde hace un tiempo viene impulsando la Defensoría del Pueblo en nuestro país, quien, entiendo, ha sido una de las primeras instituciones en adoptar una directiva estricta de neutralidad en las elecciones, experiencia seguida por todos los organismos del Poder Ejecutivo.

CAP VII

Transparencia progresiva y control permanente en las negociaciones y transacciones realizadas por los funcionario

Al implementarse un sistema de control constante de las acciones que realicen los funcionarios públicos podemos identificar uno o un grupo de funcionarios que realizan acciones lamentables dentro de su cargo, para esto no solo necesitamos el apoyo de fiscalizadores especializados o la prensa, sino también el apoyo del ciudadano de pie , un ciudadano que investigue y sobre todo que esté informado de las acciones que se vienen suscitando en la administración de poder en nuestro país.

Al establecerse un sistema de denuncias confidenciales, se expone permanentemente a los funcionarios públicos a tener que estar en capacidad de dar explicaciones fundadas de las decisiones que constantemente adoptan. A ello puede ayudar el establecimiento de reglas claras y precisas. De igual función lo constituyen las auditorías internas y externas a la que deben estar expuestas las diversas unidades administrativas, sobre todo las que muestran sospechas sobre un alto grado de corrupción. Pero la transparencia en la actuación administrativa no sólo debe estar expuesta por los mecanismos contables o denuncias internas dentro de la administración pública. Esta transparencia sobre todo debe ser permanentemente fiscalizada por la sociedad civil organizada, y en especial por la prensa de investigación. La lógica de la democracia y del Estado de derecho debe materializarse en estos mecanismos de control que se practican desde un ejercicio libre de la prensa.

Conclusión

La corrupción ha sido un problema social que afecta de manera grave a toda una civilización, esto surge desde pequeños comportamientos o formación que se tiene durante los primeros años de vida, educar en valores y ética es muy importante para así llegar a evitar estos patrones de corrupción o mal manejo del poder.

Los colegios y universidades trabajan constantemente para evitar la formación de estas conductas,es importante mencionar que el trabajo para luchar en contra de la corrupción es mediante un trabajo colectivo de supervisión en el desempeño de cargos relevantes dentro de nuestra sociedad, para ello es necesario crear fiscalizadores y entidades encargadas de la mencionada supervisión.

BIBLIOGRAFÍA

Chanjan Documet, R., Solis Curi, E., & Puchuri Torres, F. (2018). Sistema de justicia, delitos de corrupción y lavado de activos. Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú.

Cita Triana, R. (2015). ¿Qué es la política criminal? Colombia : Observatorio de política criminal .

Torres Pachas, D. (2015). El concepto de funcionario público y la casación N° 634-2015. Comentario académico , 1-22.

Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. (2016). “Informe sobre el cumplimiento del plan nacional de lucha contra la corrupción 2012-2016”. Lima: PCM-CAN.

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